El vacío legal con el que GTA 5 cobró el 32% del fondo cultural británico declarando pérdidas
El estudio aprovechó la ley fiscal británica para ingresar 204 millones en efectivo tras declarar pérdidas artificiales con un juego ya multimillonario
Rockstar North, el estudio de Edimburgo responsable del videojuego más rentable de la historia, cobró más de 204 millones de libras en subsidios públicos del erario británico entre 2015 y 2021 mientras su filial declaraba en sede fiscal que GTA 5 prácticamente no generaba beneficios en suelo del Reino Unido. La ingeniería que lo hizo posible está documentada en los balances presentados ante el Registro Mercantil británico (Companies House) y fue debatida en el Parlamento de Westminster.
La filial que nunca ganaba dinero con el juego que lo ganaba todo
GTA 5 lleva desde su lanzamiento en 2013 acumulando más de 6.000 millones de dólares en ventas globales. Es, con diferencia, el videojuego más rentable jamás producido. Sin embargo, la empresa que lo desarrolló en Edimburgo —Rockstar North Limited, rebautizada posteriormente como Rockstar Games UK Limited— registró durante años beneficios operativos mínimos o directamente pérdidas contables. El margen de explotación promedio de la filial entre 2009 y 2018 no alcanzó el 3,5%.
El mecanismo es lo que los fiscalistas llaman precios de transferencia (transfer pricing). Rockstar North no vendía GTA 5 al público: facturaba internamente sus servicios de programación y diseño a su matriz estadounidense, Take-Two Interactive, bajo el método de "coste más margen" (cost-plus). En términos concretos: la filial británica recuperaba lo que gastaba más un pequeño porcentaje de beneficio. Todo el margen comercial real —los miles de millones generados por las ventas— aterrizaba directamente en los balances de Take-Two en Estados Unidos, donde reside la titularidad de los derechos de explotación globales.
El resultado contable era previsible: Rockstar North declaraba base imponible nula o negativa en el Reino Unido. Sin Impuesto sobre Sociedades que pagar.
El subsidio que llegó cuando el juego ya había ingresado 3.000 millones
Aquí es donde la historia da un giro que los propios fans de la saga apreciarían. La legislación británica contempla un fondo de ayudas públicas llamado Video Games Tax Relief (VGTR), diseñado para incentivar el desarrollo de videojuegos con "valor cultural británico". Para cobrarlo, las compañías deben obtener una certificación del British Film Institute (BFI) que acredite que el juego supera un test cultural de 31 puntos, con un mínimo de 16.
GTA 5 obtuvo esa certificación en septiembre de 2015. Dos años después de su lanzamiento. Cuando ya había ingresado más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo.
La puntuación fue de 20 sobre 31. Los puntos de contenido cultural propiamente dicho fueron escasos: el juego transcurre en Los Santos, una versión ficticia de Los Ángeles. Sus tres protagonistas —Franklin, Michael y Trevor— son ciudadanos estadounidenses. No hay ambientación en el Reino Unido ni en el Espacio Económico Europeo. Las secciones del test que GTA 5 superó con holgura fueron las relativas al personal: la práctica totalidad de la plantilla del estudio cumplía los requisitos de residencia en el Reino Unido, y el guion fue redactado por Dan Houser, ciudadano británico.
La normativa del BFI contempla además una "Regla de Ubicación Indeterminada" que otorga puntos adicionales si el juego no se ambienta en ningún territorio concreto identificable. Bajo esos criterios, títulos como Marvel Ultimate Alliance, Halo Wars 2, Mortal Kombat X o Sonic Forces —ninguno con vinculación cultural al Reino Unido— también accedieron al subsidio.
Cómo funciona el engranaje: pérdidas artificiales, dinero real en efectivo
El mecanismo que convierte las pérdidas fiscales declaradas en ingresos directos del Estado merece atención, porque es el corazón del asunto.
El VGTR permite a las compañías deducir hasta el 25% de sus costes de producción de su base imponible. Pero si la empresa ya declara pérdidas —como Rockstar North hacía sistemáticamente por efecto de los precios de transferencia— puede ir un paso más allá: renunciar a esas pérdidas fiscales a cambio de un cheque en efectivo directo de HMRC (la Agencia Tributaria británica), equivalente al 20% de los costes de producción cualificados.
Dicho de otra forma: la misma estructura que vaciaba la base imponible para no pagar el Impuesto sobre Sociedades habilitaba legalmente a la compañía para reclamar dinero público en metálico. Las cifras concretas lo ilustran sin margen de ambigüedad. Entre 2019 y 2021, Rockstar cobró 65,1 millones de libras en 2020 y 64,3 millones en 2021 en créditos fiscales netos, de los cuales la práctica totalidad correspondía a reclamaciones de VGTR. En paralelo, el beneficio de explotación de la filial no superó los 9,5 millones anuales en ese mismo periodo.
Un solo estudio absorbió casi un tercio del fondo nacional
El Gobierno británico estimó en agosto de 2014 que el coste anual del VGTR para las arcas públicas sería de aproximadamente 35 millones de libras para toda la industria del videojuego del país. Lo que no estimó es lo que ocurriría a continuación.
Entre 2015 y 2017, Rockstar cobró 42 millones de libras de un fondo total de 227 millones: el 18,5% de las ayudas industriales de tres ejercicios en manos de una única compañía. En el ejercicio 2019-2020, esa proporción subió al 46,84%: casi la mitad del presupuesto anual del programa fue a parar a un solo grupo multinacional. En total, entre 2015 y 2021, Rockstar acumuló 204,6 millones de libras de un fondo que distribuyó 631 millones entre 1.239 proyectos certificados. Solo dos de esos proyectos eran de Rockstar: GTA 5 y Red Dead Redemption 2.
El 0,16% de los títulos certificados captó el 32,43% de todo el presupuesto público del programa.
Para contextualizar esa cifra: en el ejercicio 2018-2019, la desgravación individual de Rockstar superó la suma de las ayudas concedidas al conjunto de 315 desarrolladores pequeños del sector. Y la subvención al estudio en el periodo 2020-2021 triplicó por sí sola el coste que el Tesoro había estimado para financiar a toda la industria nacional.
"Grand Theft Tax": el Parlamento pone nombre al esquema
El debate llegó a la Cámara de los Lores en febrero de 2022, durante la discusión de la Ley de Finanzas (Finance Bill). Lord Prem Sikka fue directo ante la cámara alta: Rockstar había cobrado 136,6 millones de libras en concepto de VGTR hasta marzo de 2020, declaraba saldo nulo en el Impuesto sobre Sociedades y al mismo tiempo repartía 67,5 millones de libras en dividendos a sus accionistas extranjeros.
Desde la Cámara de los Comunes, Tracy Gilbert, parlamentaria por Edinburgh North and Leith —el distrito donde se asienta el estudio—, elevó una enérgica protesta ante el Parlamento a raíz del despido de más de 30 empleados bajo acusaciones de represión sindical. Gilbert cuestionó políticamente el uso de estos fondos, argumentando que una empresa beneficiada por millonarias desgravaciones fiscales está obligada a respetar los derechos de sus trabajadores, y recurrió a una expresión ya célebre en el Reino Unido para definir la situación como «lo que muchos describirían como Grand Theft Tax».
A la ingeniería fiscal se añade otro detalle que los propios documentos internos del grupo delatan. Bajo el denominado "Royalty Plan" acordado en 2009, los principales creativos del grupo —Sam Houser, Dan Houser y el entonces presidente de Rockstar North, Leslie Benzies— tenían asignado un fondo de bonificaciones vinculado a los beneficios de explotación mundiales de todos los juegos Rockstar. Los documentos desvelados tras la posterior demanda de Benzies por 150 millones de dólares demostraron que este plan distribuía cientos de millones de dólares en compensaciones directas a estos tres ejecutivos. Además, el contrato de Benzies estipulaba que sus servicios debían prestarse obligatoriamente en Edimburgo, reconociendo a nivel contractual que el valor creativo fundamental del producto residía en el Reino Unido, mientras que a efectos del fisco ese mismo trabajo se valoraba como una transacción intergrupo de bajo riesgo.
El contrato de Benzies, además, estipulaba que sus servicios debían prestarse obligatoriamente en Edimburgo, y que cualquier intento de reubicación forzosa habilitaba la rescisión de su contrato. El grupo reconocía así, a nivel contractual interno, que el valor creativo fundamental del producto residía en el Reino Unido. A efectos del fisco, ese mismo trabajo se valoraba como una transacción intergrupo de bajo riesgo.
Las estadísticas que HMRC publicó sobre su propio fondo
El propio análisis de la distribución del VGTR elaborado por HMRC constata la concentración del programa: el 49% de los expedientes presentados en 2021 correspondió a solicitudes inferiores a 50.000 libras, pero ese bloque recibió únicamente el 2% de los fondos distribuidos. Los expedientes que superaron las 500.000 libras —menos del 16% de las solicitudes— acapararon el 87% del volumen total del fondo público.
La Comisión Europea, que investigó originalmente el VGTR como ayuda de Estado en 2013 debido a las dudas sobre su necesidad en un sector tan rentable, condicionó su legalidad a que el Gobierno británico retirara las restricciones de gasto territorial por considerarlas discriminatorias para el Mercado Único. El dictamen final de Bruselas en 2014 validó el subsidio bajo la premisa de que se enfocaría en apoyar «un pequeño número de juegos distintivos y culturalmente británicos con dificultades para encontrar financiación privada». Ese marco regulatorio sigue siendo el marco jurídico vigente bajo el que se han distribuido más de 630 millones de libras de dinero público.
El coste total del programa ya quintuplica las previsiones originales del Tesoro. Los próximos presupuestos del Reino Unido deberán decidir si los criterios del Test Cultural se reforman o si el diseño del fondo permanece tal y como está. Mientras tanto, GTA 6 sigue en desarrollo.
